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En relación al abuso sexual a niños, niñas y adolescentes hubo un avance en la consideración del tema hasta que, un artículo publicado en la revista La Ley, titulado “El abuso de la denuncia de abuso” comenzó a desestimar la escucha que, hasta entonces, tenía el Poder Judicial. Comenzó entonces un contramovimiento destinado a deslegitimar las denuncias de abuso basado principalmente en argumentos estandarizados, conformes a las ideas de Richard Gardner que sostienen que los niños pueden ser manipulados para efectuar denuncias falsas y que sus madres lo hacen en un intento de vengarse de sus ex parejas.
En este momento la situación reviste visos de suma gravedad. Por eso, entre los tipos de violencia que define la Ley de protección integral de la mujer sería necesario incluir el tipo de violencia que sufren las mujeres madres de niños/as abusados sexualmente, que tienen que lidiar con la incredulidad general y la estigmatización de quienes dicen que son unas despechadas que no saben ya como perjudicar al ex y que recurren entonces a denuncias falsas. Ellas son, generalmente, también víctimas de violencia y las vuelven a victimizar cuando realizan las denuncias correspondientes y son victimizadas una tercera vez por estos argumentos judiciales. Además son sometidas a procesos costosos y largos que les resulta difícil afrontar y que las descolocan ya que creían que si denunciaban ellas y sus hijos e hijas iban a ser protegidas por la ley inmediatamente.
La maquinaria judicial se aplica en contra de las víctimas para transformarlas en victimarias. A pesar de que las asociaciones de profesionales de la psicología han declarado que el pretendido Síndrome de Alienación Parental (SAP) es antiético y prohíben su uso se sigue aplicando bajos otros nombres. Además las mujeres no cuentan con un servicio gratuito especializado de profesionales que las defiendan porque no son las acusadas. Y existe un tipo más de violencia: la que sufren los profesionales que defienden los derechos de los niños, que soportan denuncias y acoso judicial por parte de los imputados. Por eso, adherimos al “Proyecto de ley de Protección contra la Violencia de Género ejercida mediante el SAP y backlash a profesionales y figuras protectoras involucradas en procesos judiciales que investigan Abuso Sexual Infantil en la República Argentina”.
(*)Psicóloga y docente de la Facultad de Psicología de la UBA.
